El Concejo Deliberante capitalino declaró la emergencia económica en el ámbito de la Municipalidad, para garantizar la continuidad del pago de los salarios de los trabajadores y la prestación integral de los servicios a todos los vecinos

La medida fue adoptada en la sesión extraordinaria de este jueves 23 de febrero convocada por el presidente nato del cuerpo parlamentario, Darío Di Martino.
Fue a través de una ordenanza aprobada por la mayoritaria bancada justicialista, ante la oposición del bloque del Frente Amplio Formoseño Cambiemos.
Con la sanción de la norma, la Municipalidad adhirió a la ley provincial 1.661, aprobada el 8 de febrero último por la Legislatura formoseña.
A través de esa ley la Cámara de Diputados prorrogó la vigencia de las leyes provinciales número 1296, 1342, 1367, 1472, 1485, 1503, 1518, 1530, 1544, 1576, 1600 y 1629, así como de todas las normas reglamentarias y aclaratorias dictadas en consecuencia, manteniéndose el estado de emergencia pública desde su vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2019.
Desde el bloque justicialista se dejó en claro que la medida se adopta frente a las acciones del gobierno nacional, que exponen a las provincias y a los municipios a financiarse de la misma forma que lo hace el presidente Mauricio Macri, con la toma de deuda.
Sin embargo, la filosofía política del gobierno provincial y municipal es no recurrir a esas medidas que terminan impactando negativamente sobre las finanzas públicas.
También se dejó en claro que la emergencia no implica discrecionalidad alguna ni modificación de lo establecido en la ordenanza, que fijó el presupuesto general de inversiones y recursos de este año.
En el marco de la transparencia, destacaron desde la bancada justicialista, la Municipalidad está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, organismo de la Constitución que se encarga de revisar los ingresos, egresos, origen y aplicación de los fondos públicos y se subrayó que esa entidad se ha expedido positivamente sobre la gestión municipal en este aspecto.
Además, el concejal radical Juan Carlos Amarilla, pese a manifestar su posición contraria, reconoció que en anteriores ejercicios cuando rigió la emergencia económica, no hubo ninguna denuncia por arbitrariedades en el pago a los proveedores o prestadores del Municipio.
“Esta es una herramienta que se otorga al Ejecutivo municipal ante posibles situaciones nacionales que impacten negativamente y garantizan la defensa del empleado municipal en la percepción de sus salarios y, sobre todo, la prestación cada vez mayor de servicios y de obras a todos los vecinos de la ciudad”, sostuvo el concejal justicialista Adrián Muracciole.
Expresó que la emergencia económica brinda un marco de previsibilidad y flexibilidad en un escenario nacional adverso y tampoco le quita al Concejo Deliberante la potestad de ejercer su rol de contralor.
A su vez, el concejal Hugo García, también del PJ, manifestó que este instrumento legal ha permitido que el Municipio tenga un nivel de deuda pública de tan solo el 0,08 por ciento, lo cual demuestra la responsabilidad en el manejo de los fondos municipales.
Tras el debate, el proyecto fue sometido a votación y fue convertido en ordenanza por el voto positivo de los miembros del mayoritario bloque justicialista, en un debate presidido por Darío Di Martino.